Víctor M.
Quintana S.
Asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua
e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
ALAI AMLATINA, 09/02/2016.- Fue contundente el Papa Francisco en su entrevista
colectiva con la prensa mexicana, antes de su visita a este país, del 12 al 17
de febrero:
“El México de la violencia, el México de la corrupción, el México del tráfico
de drogas, el México de los carteles, no es el México que quiere nuestra Madre,
(la Virgen de Guadalupe) y, por supuesto que yo no quiero tapar nada de eso, al
contrario, exhortarlos a la lucha de todos los días contra la corrupción,
contra el tráfico, contra la guerra, contra la desunión, contra el crimen
organizado, contra la trata de personas.”
Porque el binomio corrupción y violencia es lo que mejor –o peor- caracteriza a
este país. Corrupción generalizada en las cúpulas sociales y políticas;
violencia en muy variadas formas: criminal, de Estado, económica, doméstica,
política, ambiental, simbólica.
México vive su “pedazo de guerra”, comó señalo Francisco en la entrevista, mejor
dicho, sus pedazos de guerras, donde siempre resultan damnificados las y los
más vulnerables: indígenas, mujeres, pobres, niñas, niños, ancianas y ancianos…
Desde que Felipe Calderón Hinojosa declaró en diciembre de 2006 su “Guerra al
Narcotráfico”, proseguida con singular denuedo por el actual presidente Enrique
Peña Nieto ha habido en el país 155 mil 492 homicidios dolosos; de los cuales
55 mil noventa y ocho en los tres años que Peña lleva al frente del gobierno.
(Datos de Sistema Nacional de Seguridad Pública). Y, sin embargo, ahí siguen
los cárteles, fortalecidos incluso en algunas entidades federativas, sin
disminuir sus actividades de tráfico de enervantes y muchas otras vertientes
delictivas.
Por su parte, Amnistía Internacional revela la existencia de una grave crisis
de los derechos humanos en este país: las desapariciones forzadas superan ya
las 27 mil, con casos tan emblemáticos como los 43 estudiantes de la Escuela
Normal de Ayotzinapa, o del millar y medio de personas desaparecidas en Ciudad
Cuauhtémoc, en el norteño estado de Chihuahua.
Además de los homicidios y de las desapariciones forzadas, esta guerra, la más
letal de las que se vive en el Hemisferio Occidental, ha hecho que seis de cada
100 mexicanos haya tenido que dejar su lugar de origen desde que Calderón la
declaró hace más de nueve años…
Según las activistas de los derechos de las mujeres en México se cometen siete
feminicidios al día, lo que ha elevado el total de mujeres asesinadas de 1985 a
2013 a más de 44 mil. Y la cuenta se sigue engrosando en entidades como el
Estado de México donde fue gobernador el actual presidente Peña Nieto.
México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América, pues uno
de cada tres asesinatos documentados de 2010 a la fecha se cometieron en este
país, asegura un informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La Comisión Nacional
de los Derechos Humanos documentó entre enero de 2000 mayo de 2015, 100 homicidios
de periodistas, 21 desaparecidos desde 2005 y 45 atentados contra medios de
comunicación desde 2006.
Estos delitos, además de los feminicidios, las ejecuciones de migrantes en
Tránsito, las agresiones a periodistas y defensoras y defensores de los derechos
humanos han hecho que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
Zeid Ra’ad Al Hussein, declarara el octubre pasado la “grave crisis de derechos
humanos” que vive el país.
Pero el grave problema de la violencia criminal y de Estado en México va de la
mano y en buena parte es propiciado por otra de las fallas que señaló el Papa
Francisco en la entrevista de principios de semana: la corrupción. De acuerdo
con el Índice de Percepción de 2015 de Transparencia Internacional, el país se
ubica en el lugar 95 de 165 de los más corruptos. El Banco de México y el Banco
Mundial coinciden en que la corrupción equivale al 9 por ciento del Producto
Interno Bruto; el Inegi calcula que alcanza un monto de 347 mil millones de
pesos al año. Prácticamente 20 mil millones de dólares anuales.
Por más que los gobernantes quieran señalar que en México “la corrupción somos
todos” y señalen que tan corrupto es el político que dispone del erario para
sus fines personales como el que paga un soborno a un policía, el hecho es que
la no vigencia del Estado de Derecho, el servirse de lo público para fines
privados es la práctica más común en las cúpulas políticas, económicas,
mediáticas y de las empresas trasnacionales presentes en este país. Los casos
abundan: las mansiones de Peña Nieto, de su esposa, del Secretario de Hacienda,
edificadas por empresas constructoras del gobierno; el tráfico de influencias a
favor de empresas como las españolas OHL o Iberdrola. Los escándalos de
enriquecimiento inexplicable de dirigentes de sindicatos, como los de los
trabajadores de la educación, ferrocarrileros, electricistas, burócratas. Hay
también graves acusaciones por corrupción contra varios gobernadores o ex
gobernadores de los estados: Tabasco, Aguascalientes, Sonora, Tamaulipas,
Veracruz, Chihuahua. Acaba de regresar de España donde estuve preso por una
semana por investigación de lavado de dinero el ex gobernador de Coahuila y ex
presidente nacional del PRI, Humberto Moreira. También las denuncias por
corrupción han afectado a los dirigentes y a partidos políticos enteros como el
Partido Verde Ecologista de México. (PVEM).
La corrupción de la clase política mexicana, favorecedora de un puñado de
empresas y generadora de políticos empresarios o viceversa no sólo ha derrumbado
por los suelos la credibilidad y la legitimidad de todo el sistema político. Ha
también borrado la tenue línea entre lo legal y lo ilegal y ha generado enormes
vacíos de poder que permiten la penetración de las organizaciones criminales en
las diversas esferas de la vida pública mexicana. Las policías están
controladas por los cárteles no sólo a nivel municipal, sino en algunos casos a
nivel estatal.
Para sintetizar el balance de lo que sucede en México algunos medios han
acuñado la muy certera frase: “Ni combate a la corrupción, ni derechos
humanos”.
Por si esto fuera poco, la administración de Peña Nieto no ha logrado el
repunte económico tan esperado y tan prometido a la población. En los tres años
y dos meses que lleva de gobierno, la deuda como proporción del PIB creció 10.5
puntos porcentuales para llegar a 44.9 por ciento. El peso se ha devaluado
frente al dólar más de un 42 por ciento. La pronunciada caída de los precios
internacionales del crudo y la Reforma Energética de Peña le han pegado en la
línea de flotación a Petróleos Mexicanos (PEMEX), llevándola a la
descapitalización y próximamente al recorte de 13 mil trabajadores.
La política económica neoliberal sin ambages y el entorno internacional han
impactado con violencia el poder adquisitivo y las condiciones de vida de las
mayorías en México: entre 1987 y 2014 el salario perdió casi un 78 por ciento
de su poder de compra. Esto dispara las cifras de pobreza: en los tres años del
gobierno de Peña se han generado dos millones de nuevos pobres. Y México sigue
siendo uno de los países más desiguales de América Latina, y no se diga de la
OCDE: el 10 por ciento más rico de la población tiene un ingreso 30 veces
superior al 10 por ciento más pobre.
Este es el México que ya comenzó a ver el papa Francisco, incluso antes de
llegar a él. El México roto, vulnerado, que quiere presentar el México de las
resistencias, muchas veces invisible. El país de quienes luchan en un sinnúmero
de espacios y organizaciones: en defensa de los migrantes; por los derechos de
las mujeres; por la tierra, el territorio, los recursos naturales.
Organizaciones feministas, campesinas, derecho humanistas, comunidades
indígenas.
Francisco señala en su entrevista que no sólo viene a “traer” a México, sino
también a recibir, a escuchar a su pueblo. Ojalá que de este diálogo de
Francisco con el México destrozado, pero también con el México que resiste y
construye surja el empujón definitivo para la esperanza de todas y de todos.
