Werner Vásquez Von Schoettler
Si algo caracterizó al llamado “retorno a la democracia” en el Ecuador en 1979, no fue solo la emergencia de nuevos partidos políticos, o viejos con nombres nuevos, sino la consolidación mediática de la radio, prensa, televisión, como instrumentos políticos de esos partidos. Cientos de organizaciones políticas soñaban con tener “medios” de propaganda ya que eran fundamentales en la lucha política y social. Pero los grupos de poder ya tenían una hegemonía consolidada durante las décadas anteriores; grupos de “periodistas” arraigados en su propia opinión pública. Recordemos que la última dictadura “legalizó” la titularización de “experimentados” comunicadores.
Con ese paso, se garantizaba cierta protección respecto a lo que hizo el régimen militar; se aseguraban el post de la dictadura; su invisibilización que ha durado hasta el día de hoy. Ya en democracia, los medios de comunicación privados, demostraron cada vez más su poder: su capacidad de incidir en la opinión pública, modelarla. Páginas de periódicos; programas de noticias y opinión en radio y TV, se convirtieron en el escenario para convertirse en un sistema paralelo de justicia, de Estado. Muchos de esos medios, muy convencidos, de su destino en democracia, asumieron el rol activo de las élites que aspiraban a una democracia ferviente, sin resistencia social; una democracia plena, representativa más allá de las instituciones democráticas; que se legitimaban haciendo del Congreso el circo ideal para desprestigiar la política a todo nivel y consagrar el credo de que las élites estaban destinadas al control social, político y económico, sin importar el tipo de régimen político en el Ecuador. De esa decadencia, de esa democracia formalista y forzada de un régimen de partidos políticos enquistados, casados entre sí, es que los medios de comunicación tradicionales adquirieron más poder y se fueron convirtiendo en el espacio de militancia real de los partidos.
Fue así que se consolidó la compra, venta de cientos de radios en parroquias, cantones, provincias con un solo objetivo que fue definir, controlar la opinión pública escasa, emergente, para modelarla a imagen y semejanza de los poderes locales. Ya para la primera década del retorno democrático, los medios ya habían sustituido a los partidos tradicionales; estos existían en medida en que el medio les permitía. Construían sus candidatos; construían tendencias políticas y justificaban los camisetazos. Llegaron a tener tanto poder que definían qué comportamiento era democrático o no; qué régimen lo era o no; quién era demócrata o no. El sistema de partidos vivía en un permanente concubinato mediático, sino, no podía existir. Algunos dirán que existían medios progresistas, gente luchadora y democrática, bueno, sí, pero eso duró hasta que los echaron y se dieron cuenta que no eran dueños de los medios, sino empleados. Esos mismos medios son los que destruyeron los escasos medios públicos que existían, y que se han opuesto y se opondrán a todo nuevo medio público.
Esos partidos políticos mediáticos, sus militantes, tienen su propia internacional corporativa, la SIP. Militantes acérrimos contra toda forma de progresismo en la región. Militantes corporativos que creen que la opinión pública les pertenece… Las fuerzas progresistas deben disputar la opinión pública, no permitir su privatización y sobre todo comprender que no es una lucha nacional, para nada, sino continental. ¿Cuánto hemos avanzado en desmontar esa hegemonía mediática regional? Muy poco. Dura lección en el siglo XXI.
