Nueve tipos de colaboradores buscó la transnacional para conseguir no pagar la indemnización por daño ambiental
Chevron manejaba nueve equipos de expertos para “apercollar ” a Ecuador .
El denominado “Registros de Privilegio” presentado por la multinacional al juez de Nueva York enumera a ex funcionarios, expertos y abogados que contrató para enfrentar el caso Lago Agrio, como el ex ministro de Mahuad, Vladimiro Álvarez, quien emitió un informe para desprestigiar a la justicia local
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Texpet dice haber cumplido con el contrato de reparación medioambiental
y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas,
pero María Aguinda, indígena enjuiciada por Chevron en EE.UU.,
ha venido mostrando la realidad. Foto: AFP
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EL TELEGRAFO.- Unidad de Investigación
Un “Registros de Privilegio” de Chevron, presentado ante el juez de Nueva York en un juicio entablado contra los afectados indígenas y colonos que denunciaron la contaminación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, revela nombres de abogados, expertos, articulistas de medios de comunicación y ex funcionarios de gobiernos como el de Jamil Mahuad.
Las personas naturales y jurídicas que colaboraban desde Ecuador con la transnacional estadounidense para no pagar la indemnización por daños y perjuicios, a la vez asesoraban directa e indirectamente en lo que debía hacer la compañía.
La empresa señala que dichos datos son confidenciales y prueban el “esfuerzo de buena fe de Chevron” para identificar a los autores y destinatarios en relación con la disputa de Lago Agrio u otros asuntos. EL TELÉGRAFO accedió al documento, del 17 de agosto de 2011, presentado en el Distrito Sur de Nueva York, de la Corte Distrital de EE.UU.
Algunos funcionarios del régimen de Mahuad, el 30 de septiembre de 1998 suscribieron el acta final con la que se avalaba que, supuestamente, Texaco (cuyos derechos y obligaciones Chevron adquirió el 9 de octubre de 2001) había cumplido con todo lo estipulado en el contrato para la “ejecución de trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas”, suscrito el 4 de mayo de 1995, en el régimen de Sixto Durán Ballén.
“El acta final, que se firmó con el gobierno de Mahuad fue dolosa, era mentira, era el entreguismo de los gobiernos ecuatorianos a la transnacional”, destacó el mandatario, Rafael Correa en el Enlace Ciudadano del 31 de agosto pasado.
Para los afectados y para Correa, Texaco nunca reparó en la Amazonía los daños causados en los 26 años de explotación petrolera en las provincias de Sucumbíos y Orellana.
El acta final fue suscrita por el exministro de Energía y Minas, Patricio Ribadeneira; el presidente ejecutivo de Petroecuador, Ramiro Gordillo; el gerente de Petroproducción, Luis Albán Granizo; el vicepresidente de Texaco, Ricardo Reis Veiga; y Rodrigo Pérez Pallares, representante legal de esa compañía en Ecuador, a la que se denominó Texpet.
Pese a que el informe de Contraloría y los estudios de la realidad que viven los afectados confirman que Texpet solo hizo ciertas remediaciones de manera antitécnica, funcionarios de Mahuad procedieron con su rúbrica a “liberar, absolver y descargar para siempre a Texpet, Texas Petroleum Company, Compañía Texaco de Petróleos del Ecuador S.A., Texaco INC. y a todos sus respectivos agentes, sirvientes, empleados, funcionarios, abogados, indemnizadores, garantes, herederos, administradores, ejecutores, beneficiarios, sucesores, predecesores, principales y subsidiarias, de cualquier demanda o reclamación del Gobierno de Ecuador, de Petroecuador y de sus filiales”.
Nueve tipos de colaboradores
El documento “Registro de Privilegios” de Chevron (ver facsímil), desglosa a las empresas y expertos contratados por la transnacional para enfrentar el litigio en Lago Agrio (1993) y la demanda que interpusieron en contra de los denunciantes en los tribunales de Nueva York (2003). En el documento confidencial consta una clasificación:
1.- Abogados Externos: son juristas y personal que trabaja a nombre de los abogados por Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada, en relación con las disputas legales entabladas por los 30.000 afectados en Lago Agrio (Sucumbíos y Orellana). Aquí constan bufetes de abogados ecuatorianos y extranjeros (vea el listado en formato pdf).
2.- Abogados Internos: actúan con capacidad legal y personal a nombre de los abogados internos de Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada, en relación con las controversias legales de Lago Agrio.
3.- Chevron, otros internos: es cualquier director, funcionario, empleado o contratista de Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada.
4.- Abogados de interés común: son abogados, personal, agentes o representantes trabajando a nombre de Ricardo Reis Veiga o Rodrigo Pérez Pallares para los procesos penales que se sigan en su contra en Ecuador, incluyendo bufetes o personal trabajando bajo su dirección.
5.- Representantes: consultores o expertos de Chevron, Texaco, Texpet o cualquier matriz, subsidiaria o entidad afiliada, incluyendo a los traductores, compañías que gestionan documentos, consultoras de relaciones públicas, procesadoras de datos, testimonios de expertos en materias distintas al caso Chevron-Aguinda Salazar, expertos y consultoras que no dan testimonio, y empresas de seguridad.
6.- Investigador: son empresas o investigadores individuales contratados por los Abogados Externos en anticipación a litigaciones o en preparación de juicios relacionados a la controversia de Lago Agrio.
7.- Experto designado: son abogados que actúan como expertos designados al caso Chevron versus María Aguinda Salazar y los afectados de Orellana y Sucumbíos. Entre los expertos designados consta Vladimiro Álvarez Grau (exministro de Gobierno).
8.- Experto designado retirado: Son personas que actúan a favor de Chevron en el juicio contra María Aguinda Salazar. Entre ellos está el analista Walter Spurrier.
9.- Tercero calificado: Se refiere a quienes han recibido o proporcionado documentos o comunicación que es sujeto de jurisprudencia u otra protección, en donde la revelación de tal información fue efectuada con expectativa razonable para que aquello no se transmita a la parte adversa...
“Fantasía de mentiras”
El 17 de marzo de 2011, el abogado de los 30.000 afectados, Pablo Fajardo, advirtió ante la prensa que Chevron había iniciado en EE.UU. una campaña de desprestigio en contra de los demandantes y del Ecuador, la cual “ha tenido éxito en base a una fantasía de mentiras que han sido puestas ante el juez Lewis Kaplan”. Dijo aquello refiriéndose a un informe emitido por Vladimiro Álvarez Grau, ex ministro de Gobierno de Mahuad y quien actualmente es consultor jurídico de un consorcio y articulista de un diario privado.
A decir de los afectados, el juez de Nueva York resolvió este caso de acuerdo con su criterio, el cual “está realmente equivocado”, porque se basó en el informe en donde Álvarez califica al sistema jurídico ecuatoriano como corrupto. “El juez Kaplan lo utiliza para llegar a la conclusión de que Chevron está diciendo la verdad”, destacó Fajardo.
En dicho informe, Álvarez hace un análisis del sistema jurídico ecuatoriano, determinándose que “todos los jueces de Ecuador emiten criterios políticos, que son jueces corruptos, no son jueces probos, que el sistema no garantiza un trámite judicial correspondiente y adecuado”.
Según lo ha destacado Fajardo en reiteradas ocasiones ante la prensa nacional y extranjera, la intención de Chevron al presentar informes como el de Álvarez es bloquear la ejecución de la sentencia a nivel internacional. “Si bien Chevron sabe que no tiene bienes en Ecuador, teme que podamos (los afectados) recurrir a cortes extranjeras para ejecutar la sentencia”, dictaminada por la justicia ecuatoriana, que le conminó a pagar $19.000 millones por daños y perjuicios ambientales y a la salud de los habitantes de cinco nacionalidades indígenas: cofanes, sionas, secoyas, waoranis y kichwas, así como a campesinos de las provincias de Sucumbíos y Orellana.
Chevron, según reveló ayer EL TELÉGRAFO, intentó en 2010 cercar al Gobierno de Rafael Correa negociando con altos funcionarios de EE.UU., enjuició a los representantes de los afectados, por el presunto delito de fraude, en el Distrito Sur de Nueva York. En dicho juicio se presentaron los “registros de privilegio” de corporación Chevron, como parte de la primera serie de peticiones de los también demandados Hugo Camacho Naranjo y Javier Piaguaje.
Dentro de este caso, la semana pasada Chevron pidió al juez de Nueva York que los ecuatorianos y sus abogados no sean escuchados por un jurado respecto a la contaminación ambiental ni sobre los intentos de soborno y otras presiones ejercidas por la petrolera en el juicio. Ello implicaría que, aunque el juicio en Nueva York está relacionado con el litigio ambiental de Ecuador, no se considerarían estudios, pruebas, resultados de muestras o imágenes (fotos o videos) relacionados con la contaminación y el juicio ecuatoriano; ni con los procedimientos antitécnicos de remediación de TexPet, subsidiaria de Texaco.
Según le dijo Fajardo a EL TELÉGRAFO, con ese pedido Chevron demuestra que tiene miedo de que el jurado y la opinión pública conozcan el crimen real y los actos de corrupción que cometió en Ecuador. Por eso trata de impedir que hablen de temas vinculados con el daño provocado en la selva amazónica: además de los sobornos a los exjueces Alberto Guerra y Diego Borja; los fraudes en las inspecciones judiciales; extorsiones a laboratorios, entre otros.
Cambio de discurso
Rodrigo Pérez Pallares, que pertenece al grupo de Abogados de Interés Común de Chevron, trató de que el caso se ventilara en el país y no ante la justicia estadounidense cuando la petrolera tenía injerencia en la justicia ecuatoriana.
Según documentos, el 4 de abril de 2000 Pérez Pallares sostenía: “En mis declaraciones juramentadas anteriores describí varios juicios y procesos administrativos que han sido presentados contra TexPet en Ecuador y en ninguno de esos procedimientos hubo denuncias sobre injusticia o corrupción en el sistema administrativo o judicial del Ecuador”. Pero, tras la sentencia contra Chevron, él y otros colaboradores tratan de desprestigiar a la justicia.
Hace más de un lustro, en la Fiscalía se abrió una indagación previa contra Pérez Pallares y Reis Veiga a causa de una denuncia de la Contraloría, por el delito de falsificación ideológica, por la falsa remediación que hicieron en la Amazonía.
Pérez Pallares tenía asesores que trabajaban exclusivamente en los procesos penales contra él en Ecuador, entre ellos, Andrés Rivero, quien -según publicó EL TELÉGRAFO del 5 de febrero pasado (bajo el título Tres agentes de Kroll trabajan en Quito al servicio de Chevron)- se vio implicado con Kroll Ontrack, compañía estadounidense que ayudaría a Chevron a “recuperar datos y sumar testigos a su favor en el país.
Afectados denunciaron que personal contratado por Chevron llega a Ecuador para reclutar testigos como Alberto Guerra, ex juez de la Corte Superior de Sucumbíos, quien por un supuesto cobro de $316.000 dice que la sentencia contra la compañía fue redactada clandestinamente fuera de la Corte, por abogados de los demandantes. Asimismo, pretendieron intimidar a Nicolás Zambrano (escuche el audio en la web), ex titular de la Corte de Sucumbíos que sentenció a la petrolera a pagar la indemnización de 19.000 millones. (Ver video Protestas de ecuatorianos en New York contra Chevron)
Documental: La verdad de Chevron en la Amazonía ecuatoriana:
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DATOS
En 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, la compañía estadounidense Texaco perforó un total de 342 pozos, 549 piscinas y registró 9 derrames de crudo. Del total de piscinas, debía proceder a la remediación ambiental de 225, pero solo lo hizo en 158.
Eso se desprende de una parte del informe de auditoría especial realizado entre los años 1997 y 2000 por la Contraloría General.
Dos eran los objetivos del examen especial: Primero, determinar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de “Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Alcance de Reparación Ambiental”; y verificar que la compañía contratista haya cumplido con las compensaciones socioeconómicas.
Pese a esa y otras anomalías detectadas por esa auditoría, ninguna autoridad de Petroecuador o del Ministerio de Energía y Minas de los gobiernos de Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio ha exigido a la compañía cumplir, al menos, con la remediación del número de piscinas constantes en el RAP.
La auditoría señala que en la reparación ambiental de la región amazónica por parte de Texpet laboraron compañías que no fueron calificadas previamente por la Dirección Ambiental Hidrocarburífera, la Dirección de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Protección Ambiental.
A causa de ello existen pozos y piscinas que requieren ser remediados nuevamente, de forma técnica, y que serán mostrados hoy por el presidente ecuatoriano, en la visita que efectuará a Sucumbíos.
Ante la afectación al ecosistema y la salud humana, 30 mil indígenas, campesinos y colonos entablaron la respectiva acción legal contra la petrolera, la cual tuvo presencia en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según los respectivos estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema; además 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas fueron arrojados a los suelos y ríos y 235 mil millones de pies cúbicos de gas fueron quemados al aire.
Pese a las pruebas y estudios, la compañía estadounidense acusa al Gobierno ecuatoriano de, supuestamente, manipular la justicia para obtener un fallo favorable
En 26 años de operaciones en las provincias de Sucumbíos y Orellana, la compañía estadounidense Texaco perforó un total de 342 pozos, 549 piscinas y registró 9 derrames de crudo. Del total de piscinas, debía proceder a la remediación ambiental de 225, pero solo lo hizo en 158.
Eso se desprende de una parte del informe de auditoría especial realizado entre los años 1997 y 2000 por la Contraloría General.
Dos eran los objetivos del examen especial: Primero, determinar el cumplimiento de las cláusulas del contrato de “Ejecución de Trabajos de Reparación Medioambiental y Alcance de Reparación Ambiental”; y verificar que la compañía contratista haya cumplido con las compensaciones socioeconómicas.
Pese a esa y otras anomalías detectadas por esa auditoría, ninguna autoridad de Petroecuador o del Ministerio de Energía y Minas de los gobiernos de Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio ha exigido a la compañía cumplir, al menos, con la remediación del número de piscinas constantes en el RAP.
La auditoría señala que en la reparación ambiental de la región amazónica por parte de Texpet laboraron compañías que no fueron calificadas previamente por la Dirección Ambiental Hidrocarburífera, la Dirección de Protección Ambiental y la Subsecretaría de Protección Ambiental.
A causa de ello existen pozos y piscinas que requieren ser remediados nuevamente, de forma técnica, y que serán mostrados hoy por el presidente ecuatoriano, en la visita que efectuará a Sucumbíos.
Ante la afectación al ecosistema y la salud humana, 30 mil indígenas, campesinos y colonos entablaron la respectiva acción legal contra la petrolera, la cual tuvo presencia en alrededor de 5 millones de hectáreas del nororiente amazónico, en donde -según los respectivos estudios- se derramaron 16,8 millones de galones de petróleo en el ecosistema; además 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas fueron arrojados a los suelos y ríos y 235 mil millones de pies cúbicos de gas fueron quemados al aire.
Pese a las pruebas y estudios, la compañía estadounidense acusa al Gobierno ecuatoriano de, supuestamente, manipular la justicia para obtener un fallo favorable
