Leonardo Boff
Articulista de JB online y escritor
Articulista de JB online y escritor
Al
observar el comportamiento de los parlamentarios en los tres días que
discutieron la admisibilidad del impedimento de la presidente, Dilma
Rousseff, nos parecía estar viendo niñitos divirtiéndose en un jardín de
infantes. Gritos de todos lados. Coros recitando sus mantras en contra o
a favor del impedimento. Algunos vinieron engalanados con los símbolos
de sus causas. Gente vestida de la bandera nacional, como si fuera un
día de carnaval. Letreros con sus consignas repetitivas. En fin, un
espectáculo poco digno de personas decentes de quienes se esperaría un
mínimo de seriedad. Se llegó incluso a hacer un juego de apuestas como
si fuera una lotería o un partido el fútbol.
Pero
lo más sorprendente fue la figura del presidente de la Cámara que
presidió la sesión, el diputado Eduardo Cunha. Ha sido imputado de
muchos crímenes y está acusado por el Tribunal Supremo: un gánster
juzgando a una mujer decente contra quien nadie se atrevía a atribuirle
algún delito.
Tenemos
que cuestionar la responsabilidad del Tribunal Supremo Federal por
haber permitido este acto que nos avergonzó nacional e
internacionalmente, al punto que el New York Times del 15 de abril,
escribió: "Ella no robó nada, pero está siendo juzgada por una banda de
ladrones." ¿Qué interés secreto alimenta al Tribunal Supremo a cometer
una omisión tan escandalosa? Nos negamos a pensar que esté participando
en una conspiración.
Durante
el razonamiento del voto ocurrió algo absolutamente escandaloso. Se
trataba de juzgar si la presidenta había cometido un crimen de
irresponsabilidad fiscal con otras gestiones administrativas de las
finanzas, como base jurídica para un proceso político de impedimento que
implicaría remover a la presidenta del cargo que había conseguido
mediante el voto popular mayoritario. Gran parte de los diputados ni
siquiera se refirieron a esta base jurídica, el famoso “pedaleo” de
impuestos, etc. En lugar de apoyarse jurídicamente en el eventual
delito, dieron alas a la politización de la insatisfacción generalizada
que se extiende a través de la sociedad por la crisis económica, el
desempleo y la corrupción en Petrobras. Esta insatisfacción puede
representar un error político de la presidenta, pero no constituye
ningún delito.
Como
en un ritornello, la gran mayoría se centró en la corrupción y los
efectos negativos de la crisis. Tildaron hipócritamente al gobierno de
corrupto, cuando bien sabemos que un gran número de diputados está bajo
sospecha de delitos de corrupción. Buena parte de ellos fue electa con
el dinero de la corrupción política, sostenida por las empresas.
Generalizando, con honrosas excepciones, los diputados no representan
los intereses colectivos, sino los de las empresas que financian sus
campañas.
Cabe
señalar un hecho preocupante: surgió de nuevo como espantapájaros la
vieja campaña que estimuló el golpe militar de 1964: las marchas de la
religión, de la familia, de Dios y contra la corrupción. Decenas de
parlamentarios de la bancada evangélica lanzaron discursos en tono
religioso, invocando el nombre de Dios. Y todos, sin excepción, votaron
por el impedimento. Pocas veces se ha ofendido tanto el segundo
mandamiento de la ley de Dios que prohíbe usar el santo nombre de Dios
en vano. Gran parte de los parlamentarios, de forma pueril, dedicaron su
voto a la familia, a la mujer, la abuela, los hijos y nietos, citando
sus nombres, en una banal espectacularización de la política. En cambio,
quienes se pronunciaron contra el impedimento lo argumentaron y
mostraron un comportamiento decente.
Se
trató de un juicio de tintes políticos sin bases legales convincentes,
lo cual viola el precepto constitucional. Lo que ocurrió fue un golpe
parlamentario inaceptable.
Los
votos en contra del impedimento no fueron suficientes. Todos salimos
disminuidos como nación y con vergüenza de los representantes del pueblo
que, en realidad, no lo representan ni tienen la intención de cambiar
las reglas del juego político.
Ahora
solo nos queda esperar la racionalidad del Senado, que examinará la
validez o no de los argumentos legales, la base para un juicio político
sobre un posible delito de responsabilidad, negado por destacados
juristas del país.
Tal
vez aún no hemos madurado como pueblo para poder llevar cabo una
democracia digna de ese nombre: la traducción al campo de la política de
la soberanía popular.
