Aníbal Fernando Bonilla F.
Esta semana se anuncian movilizaciones. El clima de confrontación persiste, tal como han sido los días anteriores, en donde prevaleció el discurso antagónico y la agitación. Cabe decir que el movimiento indígena protagoniza aquel ambiente de oposición al régimen. Esto se reproduce en una marcha proveniente desde las provincias de la Amazonía y la Sierra centro del país. A ello se prevé un paro nacional convocado por ciertos grupos sindicales y gremiales, al cual confluirá la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Todo esto se genera en tanto el Gobierno Nacional ha apelado al diálogo con las diferentes fuerzas sociales, políticas, productivas, con la finalidad de abrir canales comunicativos que afiancen los anhelados consensos. Al parecer, la beligerancia de los manifestantes desoye esta razonada manera de resolver los problemas y reflexionar sobre las inquietudes provenientes de los diversos segmentos de la sociedad ecuatoriana, especialmente ante propuestas de normas legales que en su momento fueron erradamente socializadas por el oficialismo.
En este sentido, hay que develar las motivaciones del reclamo opositor, que en el caso de los indígenas no es el mismo que se propició en los 80 y 90 en donde se reivindicaba con legitimidad el Estado plurinacional o el derecho a la tenencia de la tierra. O cuando el FUT en similares décadas rechazaba el brutal modelo neoliberal, que estimulaba la flexibilidad laboral, la reducción salarial y la desmovilización asociativa. Ahora las demandas giran en un tono híbrido característico de nuestro quehacer político criollo (en donde -sospechosamente- se junta la conspicua derecha con la autocalificada izquierda), las mismas que suenan a exigencias por recuperar prebendas corporativistas y canonjías clasistas (ante lo cual también se suma una clase media -aún con actitudes colonialistas y racistas-, que pretende acrecentar sus intereses individuales, dejando a un lado las solidaridades). Las voces altisonantes descontextualizan los verdaderos alcances que debería lograr un debate político sensato y desinforman de manera maledicente sobre los temas álgidos en controversia.
En estos ocho años de Revolución Ciudadana (RC) los logros superan a los errores, los aciertos se profundizan en mayor escala a las equivocaciones que pueden cometerse, desde luego, en el complejo entramado del poder. En la balanza gubernamental prevalecen las buenas intenciones por recomponer los cauces de esta nación, por construir sólidas bases institucionales, por limpiar los escombros dejados por un sistema de predominio del mercado que sucumbió tras sus oprobiosas secuelas de desempleo, corrupción y aumento de las desigualdades socioeconómicas. El actual Gobierno no se asemeja a aquellos períodos presidenciales que hicieron del ‘paquetazo’ económico su modus operandi, del pacto de la ‘regalada gana’ su impronta de vida, de la amoralidad su conducta en el manejo de los recursos y bienes públicos.
El proyecto de la RC intenta -desde el fortalecimiento del Estado- mejorar las condiciones de existencia de la gente, para lo cual se apuesta a restablecer la dignidad y justicia social, en medio de las evidentes dificultades financieras externas. Es penoso que la Conaie le haga la venia a la bancocracia y a la oligarquía, olvidándose de su condición de sujeto histórico en la edificación del proyecto de Estado intercultural y plurinacional, ratificado en la Constitución de Montecristi.
