Fernando Vicente Prieto
2015 se anuncia como definitorio para el futuro de la Revolución Bolivariana. Los dos proyectos en disputa han llegado a un punto de máxima tensión.
La derecha a la ofensiva
Con importantes elecciones legislativas previstas para el segundo semestre, las fuerzas de la contrarrevolución profundizan su estrategia de desgaste del gobierno de Nicolás Maduro. Esta estrategia combina el golpe económico, las operaciones psicológicas y las acciones violentas al interior del país, junto a una sostenida campaña mediática y “diplomática” que articula a los sectores más conservadores de EE.UU., el Estado español y los demás países de América Latina.
Como una copia fiel de lo sucedido en Chile durante el gobierno de Salvador Allende, durante los primeros días del año crecieron las colas en los mercados, al ritmo del desabastecimiento programado. Con una economía que vive casi exclusivamente de la renta del petróleo –responsable del 95% de las divisas que ingresan al país-, la burguesía importadora solicita al Estado dólares a precio subsidiado, para comprar productos industriales fuera del país y luego venderlos al público a bajos precios. O eso es lo que se supone.
En la práctica, muchas de estas grandes distribuidoras aprovechan, sí, el tipo de cambio preferencial para adquirir los productos, pero en lugar de colocarlos en el mercado, los acaparan y desvían hacia la reventa informal o para las redes de contrabando hacia Colombia. De esta manera, obtienen ganancias multimillonarias en bolívares, que luego necesitan convertir en divisas y por lo tanto alimentan la demanda del dólar paralelo, única alternativa porque en el mercado legal no podrían justificar sus ingresos (ilegales).
Esto se convierte en un círculo vicioso, porque a medida que crece el valor del dólar paralelo -y mayor es el diferencial cambiario con Colombia-, mayores incentivos tienen estas empresas y las mafias revendedoras para sacar de circulación más y más productos del mercado regular. Y más acaparamiento, combinado con rumores de hipotéticos golpes de Estado, caos y saqueos, hace aumentar las colas, porque la gente quiere comprar todo lo que esté en los anaqueles y por lo tanto, también aumenta el precio que están dispuestos a pagar los consumidores. Esto aumenta las ganancias ilegales y así sucesivamente.
Esta situación, por supuesto, genera malestar social, que intenta ser aprovechada por los sectores de ultraderecha para promover un estallido que fuerce el derrocamiento del gobierno, o al menos lo desgaste lo suficiente para obtener una amplia victoria en las legislativas, que luego podría habilitar una escalada mayor, convocando a un Referéndum en 2016 o en un extremo, un golpe parlamentario al estilo de lo sucedido en Paraguay con Fernando Lugo.
A su vez, la ofensiva interna se articula con la batalla de ideas a escala internacional, desarrollada fundamentalmente por medios como El País y ABC del Estado español, el Nuevo Herald de Miami, NTN24 y RCN de Colombia e Infobae, Clarín y La Nación de Argentina. La reciente visita a Caracas de tres ex presidentes, símbolos de la derecha latinoamericana –Sebastián Piñera de Chile, Felipe Calderón de México y Andrés Pastrana de Colombia-, para participar en un Foro de los sectores golpistas de #LaSalida, junto a una grosera carta enviada a la actividad por el ex presidente de Costa Rica, Oscar Arias, desnudan el alcance de las maniobras en curso, impensadas sin el aval directo de los EE.UU. Se trata de presentar al gobierno bolivariano como un “régimen” autoritario, que hambrea y reprime a su pueblo y limita la libertad de expresión, para legitimar cualquier tipo de golpe o intervención.
La propaganda no guarda ninguna proporción con la situación real en Venezuela, donde existe un gobierno democrático, con pleno funcionamiento de todos los poderes; donde se garantiza la más amplia libertad de prensa –y de empresa- y donde las políticas oficiales dedican gran parte del presupuesto a garantizar alimentos a bajo costo a la población, además de salud y educación gratuita a niveles históricos para el país y el continente. Una situación bastante diferente a la de México, Chile y Colombia, por cierto, cuyos gobiernos -especialmente los que encabezaron los visitantes “preocupados por los derechos humanos”- garantizan la impunidad ante la abundante represión policial y paramilitar contra estudiantes, pueblos originarios, campesinos y en general, contra todo aquel que proteste por las políticas neoliberales.
Desde ya, esta paradoja es obviada por el gobierno de EE.UU. y en consecuencia, por sus medios afines, que evitan preguntarse, por ejemplo, qué pasaría si altas figuras políticas de otros países viajaran para apoyar explícitamente a sectores que promueven golpes de Estado contra estos gobiernos.
Mostrando las garras
Entre el 26 de enero y el 3 de febrero, la escalada adquirió elementos cada vez más preocupantes, con dos participaciones de altísimo nivel, como para que no quede ninguna duda.
De acuerdo a lo denunciado por Nicolás Maduro al volver de la Cumbre de la CELAC celebrada en Costa Rica, el vicepresidente de EE.UU., Joe Biden se reunió con presidentes y primeros ministros de países caribeños, presionándolos para que se retiren de Petrocaribe y asegurándoles que el presidente bolivariano sería derrocado en los próximos meses.
Pocos días después, el general Vincent Stewart, director de la Agencia de Inteligencia del Departamento de Estado, concurrió a la Comisión de Asuntos Militares de la Cámara de Representantes para hablar de las “amenazas internacionales” a EE.UU. Allí, Stewart explicó que durante 2015 continuaría la desestabilización en Venezuela. “En este año -aseguró- nosotros anticipamos que las organizaciones estudiantiles y la oposición política van a organizar protestas en los meses previos a las elecciones legislativas”. Stewart, además, relacionó a las elecciones con “lo que eso podría significar en términos de violencia y los derechos humanos”.
En síntesis, se trata de una continuidad recargada de lo que ya venía ocurriendo durante 2013 y 2014, pero ahora la magnitud de los factores en juego –entre los que cabe mencionar la caída de los precios del petróleo-, el calendario electoral y la propia dinámica de los acontecimientos hacen prever un necesario desenlace: para que lo nuevo pueda nacer, lo viejo tiene que morir. O a la inversa: si lo viejo no termina de morir, la Revolución corre serios riesgos.
Los desafíos para la Revolución Bolivariana
En este contexto, el campo revolucionario tiene inmensos retos en el corto y mediano plazo. Por un lado, es vital garantizar los mecanismos de provisión de productos para las familias. Con este fin, se ha extremado la fiscalización, descubriéndose miles de toneladas de productos acaparados y comenzando a visibilizar y detener a los dueños de las empresas. Junto a esto, se han lanzado megaoperativos de Mercados de Alimentos y se mantiene un importante subsidio a los productos de primera necesidad, resistiendo a las presiones para eliminar el tipo de cambio preferencial para alimentos y medicinas.
A su vez, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de medidas contracíclicas dirigidas a proteger los ingresos de los sectores populares, entre los cuales se cuentan el fortalecimiento de programas sociales, un aumento salarial del 15% y la construcción de 400 mil viviendas para lo que resta del año.
Por otro lado, ante la baja en los ingresos por las exportaciones de petróleo, se requiere cambiar profundamente la matriz rentista-importadora de la economía, promoviendo la producción nacional. Hasta el momento, las políticas del gobierno se han dirigido a celebrar acuerdos de inversión con capitales trasnacionales y algunos locales, forzando una distinción entre “la burguesía parasitaria y las empresas que quieren trabajar” que cuesta verla en la práctica, dada la naturaleza común a la búsqueda de lucro, que no suele detenerse en consideraciones éticas o legales. El objetivo declarado es promover la sustitución de importaciones, mientras también se promueve la muy incipiente economía comunal y se intenta relanzar la actividad en las empresas recuperadas, la mayoría bajo gestión estatal.
Esto supone desafíos concretos de primer orden: combatir decididamente la corrupción interna –que favorece el sabotaje económico-; superar la ineficiencia, anclada en la histórica cultura rentista y garantizar la participación popular en la elaboración y ejecución de las políticas.
La necesidad de superar el Estado liberal burgués, en el camino de la construcción de un Estado democrático popular -el Estado comunal-, no es una declamación abstracta, sino una urgencia histórica. En 2013 y 2014 hubo una explosión del poder popular, con el registro de más de 900 comunas y la creación de los Consejos Presidenciales de Gobierno Popular, pero se requiere profundizar e incluso acelerar este camino.
El presidente Maduro cuenta con el respaldo de la amplia mayoría de los sectores revolucionarios, que de todos modos esperan medidas de mayor profundidad, como podrían ser la nacionalización de sectores del comercio exterior y la banca privada, actores principales en el golpe económico.
El pueblo bolivariano tiene conciencia del momento que atraviesa la Revolución y está decidido a resistir junto a su gobierno. Los poderes imperiales también tienen conciencia de la implicancia histórica que tiene el proyecto bolivariano para Nuestra América y están decididos a liquidar esta experiencia, como un paso clave en la ofensiva para recuperar el control de lo que consideran su patio trasero. Se trata de una batalla decisiva para nuestros pueblos. Nadie puede esgrimir el derecho de neutralidad o desconocimiento ante su importancia.
