Comisión eclesial de justicia y paz de Colombia
Este trabajo de investigación tiene como objetivo aportar elementos para desvelar las estructuras estatales y paraestatales responsables de la comisión de crímenes contra la humanidad en Colombia, en el contexto del conflicto político, social y armado que desangra a este país desde hace décadas. Narcotraficantes y paramilitares han provocado miles de asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos, exilios, despojos y amenazas entre la población civil, pero detrás de la ejecución estos delitos atroces se encuentran algunos de los principales dirigentes políticos y económicos de la nación.
Investigación:
Por eso, no basta con identificar a los autores materiales para evitar la repetición de los crímenes sino que es imprescindible establecer la responsabilidad penal de quienes los planificaron y ordenaron su realización y de los que tuvieron la posibilidad de impedirlos y no lo hicieron.
La investigación se ha centrado en determinar la responsabilidad penal en estos delitos de lesa humanidad del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, pues constituye un caso paradigmático del ejercicio del poder sobre los criminales y de impunidad frente a las numerosas acusaciones que le involucran en sus actos. En el trabajo se reproduce buena parte de la copiosa prueba testimonial y documental que existe no sólo sobre los beneficios que obtuvo Uribe a cambio de favorecer el crecimiento de los grupos de narcotraficantes y paramilitares desde los cargos políticos que desempeñó, sino también sobre su implicación directa en la conformación de estas estructuras y en sus crímenes. Sin embargo, los obstáculos políticos y jurídicos existentes en Colombia para perseguir estas conductas, especialmente si los acusados son o han sido altos cargos del Estado, han ocasionado que Uribe nunca haya sido juzgado. La única posibilidad de que se esclarezca su responsabilidad es la intervención de la justicia internacional y universal.
Abordar la investigación desde este lado del océano ha supuesto algunas dificultades. En el trabajo abundan las referencias periodísticas en detrimento de las fuentes primarias debido a la imposibilidad material de acceder en muchos casos a la documentación judicial concreta. Tampoco se ha podido conseguir toda la bibliografía especializada en el tema que existe en Colombia. No obstante, el material original aportado en el trabajo -denuncias, resoluciones judiciales, informes del servicio de inteligencia- es una muestra representativa de la extensa documentación que se podría analizar para completar la investigación si ésta se pudiera realizar en el terreno.
En las dependencias judiciales colombianas reposan centenares de expedientes que en sí mismos podrían constituir pruebas contra Uribe o propiciar nuevas vías de investigación sobre su participación en delitos de lesa humanidad. Tampoco ha resultado sencillo, desde mi formación periodística, determinar los elementos que implican penalmente a Álvaro Uribe. Por eso, el trabajo no pretende sustentar jurídicamente las acusaciones contra el ex presidente sino describir los hechos en los que aparece implicado que podrían calificarse como crímenes contra la humanidad, apuntar las formas de incriminación de Uribe y explicar las razones por los que el proceso judicial tendría que desarrollarse fuera de Colombia.
El resultado de la investigación se ha expuesto en cuatro capítulos y en las conclusiones finales. En el primer capítulo se trata de demostrar que en Colombia, bajo la apariencia de un régimen democrático, se han sucedido Gobiernos que son responsables de más violaciones a los derechos humanos que las dictaduras latinoamericanas. Históricamente, el Estado colombiano ha estado dominado por unas élites, apoyadas por Estados Unidos, que recurren a la violencia para defender sus intereses. Estas minorías excluyentes han creado escuadrones de la muerte -los paramilitares-, financiados por el narcotráfico, para acabar con quienes se oponen a su control ya sea a través de la resistencia civil o armada. Álvaro Uribe forma parte de estas clases dominantes y durante su gestión institucional aumentaron los ataques sistemáticos y generalizados contra civiles por parte de funcionarios públicos y de particulares que contaban con su connivencia.
El segundo capítulo repasa la evolución histórica del concepto de crímenes contra la humanidad y analiza su configuración actual en el derecho penal internacional. De esta forma, se ha pretendido establecer las diferencias de esta categoría jurídica con respecto a las violaciones de derechos humanos, se han expuesto los principios inherentes a estos crímenes internacionales y las distintas teorías para su imputación y se han descrito los elementos de su tipificación actual. Esta exposición permite concluir que actualmente existen herramientas y fundamentos jurídicos para perseguir las atrocidades que ofenden a la dignidad del ser humano, por lo que sólo se pueden plantear intereses políticos para no actuar contra sus autores.
Las razones de la permisividad frente a estos crímenes en Colombia se explican en el siguiente capítulo. La impunidad como política de Estado se ilustra con tres casos representativos de macrocriminalidad: el extermino del partido político Unión Patriótica, los asesinatos masivos de sindicalistas y el supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares que ha dejado sin castigo la mayoría de sus acciones. También se exponen las deficiencias del ordenamiento jurídico interno para garantizar la actuación contra estas conductas y las características del fuero constitucional que protege a los altos cargos en ejercicio o cesados frente a la justicia.
El cuarto capítulo analiza en profundidad los elementos existentes para implicar a Álvaro Uribe en la comisión de crímenes contra la humanidad. En primer lugar, se repasa su dilatada trayectoria política hasta llegar a la Presidencia y la lista de amistades peligrosas que ha ido fraguando en estos treinta años de ejercicio de cargos públicos. Y en las páginas siguientes se describen profusamente sus vínculos con los grupos de narcotraficantes y paramilitares. Se incluyen gran cantidad de testimonios acusatorios de dirigentes de estas estructuras criminales e incluso un documento del Pentágono que lo calificaba de “narcoterrorista”. Además, se muestran dos casos ejecuciones extrajudiciales de civiles y persecución de la oposición por parte de los servicios de inteligencia- que lo implican en crímenes de lesa humanidad mientras fue presidente (2002-2010).
En las conclusiones finales se demuestra que las conductas delictivas de los grupos vinculados con Uribe constituyen crímenes contra la humanidad y se trata de establecer la responsabilidad penal individual del ex presidente (incriminación por autoría mediata, coautoría, empresa criminal conjunta, complicidad, instigación), además de la necesidad de que actúe la justicia internacional y universal como única forma de que estos actos no queden impunes.
Todo este trabajo no hubiera sido posible sin la actitud valiente de las víctimas que han sobrevivido y de sus familiares, que se han atrevido a denunciar los hechos asumiendo el riesgo que supone para sus vidas. Su tenacidad y su capacidad de resistencia frente a las presiones y la estigmatización obligaron a confesar a algunos victimarios, que acabaron implicando a quienes, desde atrás, les dirigían. A todas las víctimas y a las defensoras y defensores de derechos humanos que les apoyan está dedicada esta investigación, con la esperanza de que contribuya a esclarecer la verdad de lo sucedido para que nunca más se repita. También quiero destacar la implicación de los profesores José Elías Esteve y Roberto Viciano, quienes no se limitaron a dirigir académicamente este trabajo sino que lo impulsaron y orientaron para convertirlo en una herramienta práctica que pueda ser aplicada a la realidad social con el objetivo de que el máster de derechos humanos, democracia y justicia internacional adquiera su verdadera dimensión.
