- El político
de extrema-derecha Leopoldo López, procesado en Venezuela por su corresponsabilidad
en la muerte de inocentes en febrero de este año, anda siempre con símbolos
religiosos delante. Presume de "catoliquísimo", le rodea una especie
de corte de funcionarios eclesiásticos, obispos y comparsas que le sirven de
caja de resonancia. Comparte con Capriles la "militancia" en el grupo
para-militar llamado Tradición, Familia y Propiedad, en el Ecuador y otras
partes camuflado bajo el membrete de: "Heraldos o caballeros de la
virgen".
Resulta
siempre indignante que esta clase de politiqueros tan crueles se escuden tras
las sacristías. Es por esta razón, entre otras, que reproducimos la carta pública
que ha escrito la joven Embajadora de Venezuela en Ecuador.- ( Equipo de la
Iglesia de a pie).
Carol Delgado Arria
Embajadora de la República Bolivariana de Venezuela en la República del Ecuador
En su edición del lunes 15 de diciembre, el diario El Comercio publicó un artículo firmado por el ciudadano Leopoldo López, titulado ‘Asalto a DD.HH. en Venezuela’, en el que acusa al Gobierno venezolano de violar sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos.
López, activista político de la ultraderecha venezolana, está privado de libertad tras haber instigado mediáticamente a la comisión de crímenes contra personas y bienes de la República, y goza de todas las garantías del derecho al debido proceso, así como del derecho a la libertad de expresión. Y se le permite emitir sus opiniones políticas sin reparo alguno, como en sí mismo lo prueba el artículo replicado por el rotativo ecuatoriano.
Cabe señalar que es una de las figuras más visibles de la campaña mediática contra la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro, víctima de constantes ataques dentro y fuera del país. Tal mecanismo se despliega mediante una estrategia de ‘golpe blando’ denominada en Venezuela ‘La Salida’, con la que se pretende establecer la idea de un caos y conflicto social que justifique el derrocamiento por vías ilegales del gobierno de la Revolución Bolivariana.
Leopoldo López no es un preso político. No son sus opiniones las que le llevaron a la cárcel, sino su participación probada en actos delictivos. Entre sus acciones criminales se cuenta su participación activa en el golpe de Estado de 2002 contra el presidente constitucional Hugo Chávez. De hecho, la Policía de Chacao (municipio del cual López era alcalde en la época) fue uno de los cuerpos de mayor injerencia en la represión brutal contra un pueblo que salió a la calle a protestar contra los golpistas, y a exigir el retorno de Chávez y la recuperación del hilo constitucional.
Posteriormente participó en el sabotaje a la industria petrolera nacional, que se prolongó por tres meses, ocasionando ingentes pérdidas a la nación y afectando profundamente la vida de los venezolanos. Tras la derrota del sabotaje petrolero, López se unió a un breve período de repliegue de las fuerzas violentas de la ultra-derecha. Sin embargo, reincidió al formar parte del grupo que incitó a sus seguidores a las guarimbas, que fueron desórdenes violentos adelantados por pequeños grupos tipo comando, entrenados para ese fin, y que carecieron de todo respaldo por la mayoría de la población venezolana; hecho objetivo expresado en sus estudios por las empresas de medición de opinión pública y refrendado por voceros sensatos del sector opositor.
En febrero de 2014, López, junto a activistas políticos de la ultraderecha, como María Machado y otros, convocaron una marcha para el día 12, bajo el lema: ‘La Salida’. Por un lado, prepararon la manifestación, y por el otro, organizaron huestes violentas cuyas acciones (disponibles para quien quiera verlas en los registros televisados) provocaron la muerte de 43 venezolanos y venezolanas, millares de heridos y cuantiosas pérdidas económicas tras la paralización de la actividad económica en las principales ciudades del país durante casi un semestre.
No es, por tanto, el señor López, el vocero más apropiado para hablar de derechos humanos en Venezuela. No solo porque sus derechos humanos han sido respetados, sino porque él mismo violentó el derecho al libre tránsito, la libre actividad económica y la seguridad de millones de sus conciudadanos. La estatura moral del señor López no alcanza para que su opinión en la materia pueda ser siquiera tomada seriamente en consideración.
Las familias de los 43 fallecidos durante el período de violencia promovido por López -hoy organizadas en el Comité de Víctimas de la Guarimba- estarán de acuerdo en suscribir este argumento.
El clima de zozobra y angustia al que fueron sometidas millones de personas por mercenarios, fanáticos y terroristas de una oposición sin proyecto político ni espíritu democrático, fueron finalmente derrotados por la acción de contención de las fuerzas de seguridad del Estado y por la alta conciencia democrática de nuestro pueblo; el mismo que está mayoritariamente de acuerdo (como lo indican estudios de opinión privados) con que se administre justicia a los culpables de este ataque incesante contra el país.
López es un ciudadano legalmente imputado por la justicia venezolana tras cometer un acto criminal. López es, además, un infractor reincidente y promotor continuado de la violencia. Es responsable antes y ahora, por la pérdida de vidas humanas y de preciados bienes de la nación. López no es un preso político. Es un delincuente que se encuentra siendo juzgado por las instituciones judiciales, con base en las leyes de la República Bolivariana de Venezuela tras su llamado a desatar una guerra fratricida. Una nación ajustada a derecho y garante de los derechos humanos de todas y todos sus ciudadanos está en el derecho y el deber de evitar que las facciones fascistas sustituyan la política por el caos y la violencia.
