Anteriormente hemos abordado el imperio de las grandes multinacionales que controlan los flujos económicos y a través de ellos las demás instancias de la sociedad mundial. La constitución perversa de este imperio surgió por la falta de una gobernanza global que se hace cada día más urgente. Hay problemas globales como los de la paz, la alimentación, el agua, los cambios climáticos, las migraciones de los pueblos y otros que, por ser globales, exigen soluciones globales. Pero el egoísmo y el individualismo de las grandes potencias está impidiendo esta gobernanza.
Una gobernanza global supone que cada país renuncie un poco a su soberanía para crear un espacio colectivo y plural donde las soluciones a los problemas globales puedan ser globalmente abordadas. Pero ninguna potencia quiere renunciar ni a una pizca de su poderío, aunque se agraven los problemas, especialmente los ligados a los límites físicos de la Tierra, con capacidad de afectar negativamente a todos a través de eventos extremos.
Digamos de paso que existe una ceguera lamentable en la mayoría de los economistas. En sus debates –tomemos como ejemplo el conocido programa semanal de Globonews Pinel–la economía ocupa un lugar privilegiado. En lo que he podido constatar no oí a ningún participante incluir en sus análisis los límites de sostenibilidad del sistema-vida y del sistema-Tierra que ponen en jaque la reproducción del capital. Prolongan el tedioso discurso económico del viejo paradigma como si la Tierra fuese un baúl de recursos ilimitados y la economía se midiese por el PIB y fuese un subcapítulo de la matemática y de la estadística. Falta pensamiento. No se dan cuenta de que si no abandonamos la obsesión del crecimiento material ilimitado y en su lugar no buscamos la equidad-igualdad social, solo empeoraremos la situación ya mala.
Queremos abordar un complemento del imperio perverso de las grandes corporaciones multinacionales que se revela todavía más desvergonzado. Se trata de la búsqueda de un Acuerdo Multilateral de Inversiones. Casi todo se discute a puerta cerrada. Pero en la medida en que es detectado, se retrae, para volver luego con otros nombres. La intención es crear un acuerdo de libre comercio entre los estados y las grandes corporaciones. Los términos de esta cuestión fueron ampliamente presentados por Lori Wallach directora del Public Citizen’s Global Trade Watch en Le Monde Diplomatique Brasil de noviembre de 2013.
Tales corporaciones buscan saciar su apetito de acumulación en áreas relativamente poco atendidas por los países pobres: infraestructura sanitaria, seguro de salud, escuelas profesionales, recursos naturales, equipamientos públicos, cultura, derechos de autor y patentes. Los contratos se aprovechan de la fragilidad de los Estados e imponen condiciones leoninas. Las corporaciones, por ser transnacionales, no se sienten sometidas a las normas nacionales con respecto a la salud, a la protección ambiental ni a la legislación fiscal. Cuando estiman que por causa de tales normas el lucro futuro esperado no ha sido alcanzado, pueden mediante procesos judiciales exigir un resarcimiento del Estado (del pueblo) que puede llegar a miles de millones de dólares o de euros.
Estas corporaciones consideran la Tierra como de nadie, a semejanza del viejo colonialismo, y consiguen que los tribunales les concedan el derecho de adquirir tierras, manantiales de aguas, lagos y otros bienes y servicios de la naturaleza. Ellas, comenta Wallach, «no tienen ninguna obligación hacia los países y pueden disparar procesos cuando y donde les convenga» (p.5). Ejemplo típico y ridículo es el caso del suministrador sueco de energía Fattenfall que exige miles de millones de euros a Alemania por su «giro energético» al haber prometido abandonar la energía nuclear y castigar más severamente a las centrales de carbón. El tema de la polución, de la disminución del calentamiento global y de la preservación de la biodiversidad del planeta son letra muerta para esos depredadores, en nombre del lucro.
La sinvergonzonería comercial llega a tales niveles que los países firmantes de ese tipo de tratado «se verían obligados no sólo a someter sus servicios públicos a la lógica del mercado sino también a renunciar a cualquier intervención sobre los prestadores de servicios extranjeros que codician sus mercados» (p.6). El Estado tendría una parcela mínima de maniobra en cuestión de energía, salud, educación, agua y transporte, exactamente los temas más reclamados en las protestas de junio de 2013 por miles de manifestantes en Brasil.
Estos tratados estaban siendo negociados con Estados Unidos y Canadá, con el ALCA en América Latina y especialmente entre la Comunidad Europea y Estados Unidos.
¿Qué revelan estas estrategias? Una economía que se ha autonomizado de tal manera que solamente cuenta ella, anula la soberanía de los países, se apropia de la Tierra como un todo y transforma en un inmenso emporio la mesa de negocios. Todo se vuelve mercancía: las personas, sus órganos, la naturaleza, la cultura, el entretenimiento y hasta la religión y el cielo. Nunca se toma en cuenta la posible reacción masiva de la sociedad civil que puede, enfurecida y con justicia, rebelarse y echar todo a perder. Menos mal que, avergonzados, pero todavía obstinados, los proyectos se están escondiendo detrás de las puertas cerradas.
