Plataforma de Solidaridad con Colombia – Madrid
“La libertad es a menudo la primera víctima de la guerra.”-
Gabriel García Márquez
REDES CRISTIANAS.- Desde el día 6 de junio la “Declaración de principios para la discusión del punto quinto de la agenda: víctimas” ha abierto un nuevo debate, tal vez el más complejo de todos los puntos que se han venido negociando en La Habana hace ya 18 meses. Con dicha declaración se plantea la creación de una Comisión de la Verdad para la cual la participación de las víctimas en sí es prioritaria e imprescindible. Por medio de Foros nacionales, la Agenda del Acuerdo General iniciará uno de los mecanismos de participación que dará comienzo en la ciudad de Villavicencio – 4 y 5 de julio-, pasará por Barrancabermeja – 10 y 11 de julio -, Barranquilla -17 y 18 de julio-, y que culminará en la capital del Valle del Cauca -5 y 6 de agosto-, agrupando a más de 3000 personas en cada región. Se espera también la participación de empresas nacionales y extranjeras en la ocurrencia del conflicto y el acompañamiento de la justicia internacional en el cumplimiento de los acuerdos.
Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo Gobierno Nacional–FARC-EP y para satisfacer la reparación integral de las víctimas se propone entre otros, reabrir casos de violación a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad e infracciones al DIH que hayan prescrito. La violación de los DDHH por parte del Estado y el paramilitarismo, además, implica un modelo de justicia que dé mejores resultados que los que ha venido arrojando leyes como la de Justicia y Paz del año 2005 aprobada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez que pretendió otorgar carácter político a los crímenes de grupos paramilitares, amnistiar de facto a más de treinta mil paramilitares y poner toda la carga y responsabilidad jurídica en un raquítico cuerpo, de un insólito modelo de justicia de excepción1, o la más reciente Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y que, desde su aprobación en el 2011 tan sólo ha revisado el 2 por ciento de 19.000 solicitudes de restitución. Para ello, las delegaciones comprenden la creación de dos subcomisiones, una técnica, que tenga un correlato con el punto 3: Fin del Conflicto, y otra de género, en la cuál se logre asegurar un enfoque hacia la mujeres por ser ellas, el género de mayor impacto social.
No se puede pasar por alto las organizaciones que luchan por la restitución de tierras son constantemente agredidas y asediadas tanto por los grupos anti-restitución, que no son más que paramilitares que han desterrado a los propietarios de la tierra, atendiendo a la política de tierra arrasada hospiciana por los terratenientes y reforzada por el Estado a través de sus fuerzas de seguridad. Los y las campesinas son constantemente señalados de pertenecer a la insurgencia, por lo que son encarcelados y judicializados. A fecha de diciembre de 2012 existían ya 1400 denuncias de persecución a líderes de la tierra 2.
En marzo de este año, meses antes de que se diera la declaración del punto 5, las organizaciones de Víctimas de Crímenes de Estado, entre ellas MOVICE, habían señalado la ausencia de participación real de las víctimas en la mesa de diálogos de La Habana y había anunciado propuestas puntuales tales como la creación de una jurisdicción especial para graves crímenes, incluyendo Tribunales, Fiscalía y cuerpo técnico, el levantamiento de las prescripciones, la habilitación de la parte civil en estos procesos, la eliminación del Fuero Penal Militar, la conformación de una Comisión de la Verdad, con un mandato amplio, con autonomía administrativa y presupuestal y con participación de las víctimas, restitución efectiva material y jurídica de las tierras despojadas a los campesinos y la desmilitarización de los territorios entre otros.
El objetivo fundamental y con el que se quiere llevar a cabo los debates posibles sobre el punto 5, va más allá de cualquier proposición, el objetivo fundamental es el de dejar atrás el silencio de las víctimas de conflicto, dar voz es dar verdad, reconocimiento y reparación real a las víctimas. Es el silencio y la falta de garantías del gobierno colombiano lo que desde hace años ha venido debilitando la democracia del pueblo. La exigencia fariana es la de la verdad histórica y el punto 5 contribuye para el inicio de esta discusión y propicia un escenario a la sociedad civil, pues según el Comandante Pablo Catatumbo “(…) no hay nada más revolucionario que la verdad; pero la verdad verdadera, contextualizada y completa, no con el maniqueísmo y la distorsión con que la han presentado personas e instituciones a quienes no les conviene que se sepa toda la verdad y como se ha querido manipular desde los grandes medios. Ese compromiso lo asumimos plenamente. “3
Al momento de finalizar este artículo nos encontramos ante una situación de continua victimización de la población a causa de los bombardeos perpetrados por el ejército en varias regiones del país4, mientras el gobierno se niega rotundamente al cese al fuego bilateral que pare el derramamiento de sangre del pueblo colombiano, y por el contrario amenaza con abandonar la mesa, cuando precisamente fue reelegido con el pretexto de la continuidad de la mesa y la apertura de los diálogos con el ELN.
Dejamos pues el llamado a la comunidad internacional para que a través del apoyo a la salida política al conflicto interno social y armado; el llamado al cese bilaterial del fuego; la inclusión del pueblo colombiano en los diálogos, como parte social del conflicto, el reconocimiento de los crímenes de Estado y la reparación integral para sus víctimas, contribuyan a allanar los caminos de paz con justicia social.
